Trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Cádiz denuncian que la Seguridad Social las “obliga a trabajar enfermas“
Denuncian que el INSS les niega la incapacidad permanente pese a sus graves problemas de salud
Un grupo de trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz han denunciado lo que consideran “maltrato sistemático” de las Seguridad Social que las “obliga a trabajar enfermas“.
Cuatro empleadas de este servicio han alzado la voz en una rueda de prensa convocada por el Sindicato de Contratas y Servicios Públicos de Cádiz (SSP) para hacer pública la situación que aseguran están sufriendo. Junto a ellas estaba su abogada y dos representantes del sindicales.
En el encuentro, denunciaron el deterioro de su salud debido a las duras condiciones laborales y el “maltrato sistemático” que sufren por parte de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que en muchos casos les niega la incapacidad permanente a pesar de sus graves dolencias.
Entre las trabajadoras que han dado testimonio se encuentra Encarnación Jiménez Eliso, cuyo caso ya fue publicado por Cádiz Directo. Con 61 años y graves problemas de movilidad, Encarnación sigue siendo obligada a trabajar a pesar de necesitar un andador y tomar catorce pastillas diarias para soportar el dolor. “Me han quitado el derecho a vivir la enfermedad con dignidad”, denunció. Pero su historia no es un caso aislado. Otras compañeras también relataron cómo, a pesar de haber pasado hasta seis años acumulados en procesos de incapacidad temporal, han recibido repetidas negativas del INSS para acceder a la incapacidad permanente.
Trabajadoras con andadores obligadas a seguir en activo
Las auxiliares explicaron que muchas de ellas sufren lesiones en hombros, problemas en la columna e incluso fracturas por caídas en el trabajo. A pesar de ello, denuncian que el INSS de Cádiz sigue emitiendo resoluciones en las que rechaza sus solicitudes de incapacidad y las obliga a reincorporarse. Dos de las trabajadoras presentes en la rueda de prensa afirmaron que dependen de un andador para poder moverse, pero aún así han sido consideradas aptas para trabajar.
“El sistema está diseñado para maltratarnos”, lamentó una de ellas. “No importa si tenemos vértigos, dolores crónicos o movilidad reducida. Nos mandan a trabajar como si fuéramos piezas desechables.”
“Nos enfrentamos a un sistema que nos da la espalda”
Durante la rueda de prensa también intervinieron representantes jurídicos, quienes pusieron el foco en los fallos estructurales del sistema. Pepe Martínez, exdelegado sindical del Hospital Puerta del Mar, destacó que una de las principales causas de este problema es la falta de especialización de los inspectores que valoran las incapacidades, así como la indefensión de las trabajadoras en las citas de revisión.
Martínez también criticó la “falta de sensibilidad y perspectiva de género” del INSS de Cádiz, señalando que muchas de las afectadas forman parte de colectivos laborales feminizados y precarios. “Que la Dirección Provincial del INSS esté a cargo de una mujer (Inmaculada Ríos) y que su dependencia provincial recaiga en otra mujer (Blanca Flores, subdelegada del Gobierno) no ha supuesto ningún cambio en la falta de empatía hacia estas trabajadoras”, señaló.
Además, exigió que las decisiones sobre incapacidades no se tomen en base a criterios económicos, denunciando que mientras estas mujeres luchan por su salud, los beneficios de las grandes empresas siguen aumentando sin control.
La otra cara del problema
La abogada Marina Escobar profundizó en otro aspecto clave: la violencia estructural que sufren estas trabajadoras. “Se enfrentan a un sistema que las somete a violencia laboral, institucional y judicial”, afirmó.
Desde la precariedad salarial (en algunas provincias, sus sueldos están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional), hasta las condiciones laborales que les impiden conciliar, el trabajo de ayuda a domicilio es uno de los más duros y menos valorados. Además, sus enfermedades profesionales, como fibromialgia, lesiones osteomusculares y problemas lumbares, no son reconocidas como tales, lo que las obliga a un proceso desgastante para obtener algún tipo de compensación.
En el ámbito institucional, la abogada criticó que muchas trabajadoras inician procesos para solicitar prestaciones por incapacidad y el INSS rechaza sistemáticamente sus solicitudes. “Esperan años para obtener una resolución judicial, mientras siguen trabajando con dolor y viendo cómo su salud se deteriora aún más”, explicó.
El ámbito judicial tampoco les da tregua. En los juicios, denunció Escobar, las trabajadoras deben enfrentarse no solo al abogado de la mutua, sino también a los representantes de la empresa y de la Seguridad Social. “Muchas veces ni siquiera se les permite hablar. Salen de los juicios sintiendo que han sido acusadas de exagerar o de no querer trabajar, cuando la realidad es que están destrozadas por años de esfuerzo.”
“Nos obligan a elegir entre nuestra salud y el sustento”
Las trabajadoras dejaron claro que no piden ningún privilegio, solo el derecho a cuidar su salud y a trabajar en condiciones dignas. “Nos obligan a elegir entre nuestra salud y el sustento de nuestras familias”, lamentaron. “Lo único que queremos es que reconozcan lo que hemos dado durante años y que nos permitan vivir sin dolor ni humillaciones.”
Desde el sindicato exigieron que la Dirección Provincial del INSS de Cádiz revise de inmediato los casos de estas trabajadoras y que se adopten medidas para garantizar que el sistema de incapacidades sea justo y no siga perpetuando el sufrimiento de quienes han dedicado su vida a cuidar de otros.