Un Real Decreto de enero impediría que Tamara Manzano sea desahuciada hasta el 31 de diciembre
Protege a personas vulnerables sin alternativa habitacional. El Ayuntamiento pidió paralizar el desalojo, pero parece que no usó esta norma
Un Real Decreto del mes de enero debería paralizar el desahucio de Tamara Manzano. La norma incluye medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y en ella paralizaría estos lanzamientos si se cumplen una serie de requisitos, que parece cumplir Tamara.
El alcalde, Bruno García, indicó que el Ayuntamiento había pedido la paralización de este desalojo hasta encontrar una solución habitacional, pero, no lo debió haber amparándose en esta norma que parece clara en ese aspecto. ¿Desconocimiento o desgana?
Sea por falta de información o por falta de voluntad, lo cierto es que ni el Ayuntamiento ni Procasa ni la defensa han usado el mecanismo legal que podría evitar el desahucio. Y más cuando el propio alcalde aseguró que se había solicitado la paralización del desalojo.
Sea como fuere, el desahucio de Tamara Manzano, previsto para el próximo 1 de abril, podría no producirse. Lo curioso es que el Ayuntamiento y Procasa se mantengan en este planteamiento pese a la existencia de esta norma. El Real Decreto-ley 1/2025, aprobado el 28 de enero y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de enero, suspende los procedimientos de lanzamiento para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.
La medida, recogida en el artículo 1 bis del decreto, afecta a desahucios derivados de ocupaciones sin título legal cuando la propiedad sea de una persona jurídica, como es el caso de Procasa, y el afectado se encuentre en situación de vulnerabilidad, tenga menores a su cargo y no cuente con otra alternativa.
La medida se aplica específicamente a casos de ocupación sin título legal en viviendas pertenecientes a personas jurídicas, como es el caso de la empresa municipal Procasa. El artículo 1 bis detalla los requisitos para que se suspenda el desalojo. Tamara Manzano cumple con todos ellos:
- La vivienda pertenece a una persona jurídica: Procasa, empresa municipal del Ayuntamiento de Cádiz.
- No existe título habilitante: Tamara ocupa la vivienda sin contrato ni adjudicación formal.
- Situación de vulnerabilidad: Acreditada por el propio Ayuntamiento mediante un documento oficial remitido al juzgado.
- Menores a cargo: Tamara tiene dos hijas menores de edad bajo su custodia.
- La vivienda no ha sido adjudicada a otra persona: No consta que exista un adjudicatario asignado.
Tamara, por tanto, cumple con todos estos requisitos: madre de dos hijas menores, sin recursos económicos suficientes, reconocida como vulnerable por el propio Ayuntamiento y ocupante de una vivienda no adjudicada oficialmente.
A pesar de todo ello, ni la abogada de Tamara, ni el Ayuntamiento, ni Procasa lo han tenido en cuenta. Resulta llamativo, ya que el auto judicial que fija el lanzamiento se notificó el 17 de febrero, casi tres semanas después de la entrada en vigor de la norma.
Una vía legal aún sin activar
El Real Decreto no suspende automáticamente todos los desahucios, pero sí permite al juzgado paralizar el procedimiento si se acredita que la persona afectada cumple con los requisitos establecidos. En este caso, Tamara no solo cumple cada uno de ellos, sino que además ha aportado documentación oficial de Servicios Sociales que reconoce su vulnerabilidad.
La clave es que debe solicitarse expresamente al juzgado, algo que no ha ocurrido hasta el momento. Ni la defensa de Tamara ni las administraciones implicadas han dado ese paso. Esto abre una vía legal clara para frenar el desahucio, siempre que se actúe de inmediato.
Con tan solo una semana de margen, esta nueva información podría cambiar por completo el desenlace de un caso que ha generado un fuerte debate social y político en Cádiz.
Pese a ello, ni la abogada de Tamara, ni el Ayuntamiento de Cádiz, ni la empresa municipal Procasa, ni la propia jueza del caso han invocado ni aplicado esta norma. Resulta llamativo, ya que el decreto lleva dos meses en vigor y el auto judicial que fijaba el lanzamiento fue notificado el 17 de febrero, cuando ya era plenamente aplicable.
El decreto no obliga automáticamente a suspender todos los desahucios, pero sí establece que si se solicita ante el juzgado y se acredita la situación de vulnerabilidad, el juez puede y debe paralizar el lanzamiento hasta finales de año. En casos como el de Tamara, donde incluso existe un reconocimiento oficial de vulnerabilidad por parte del Ayuntamiento, la aplicación del Real Decreto parece evidente.
¿Por qué no se ha aplicado?
Esa es una de las preguntas que deja en el aire este caso. La defensa de Tamara aún no ha presentado alegaciones acogidas a esta norma, y el Ayuntamiento, que aseguró haber pedido la paralización del lanzamiento, no utilizó este argumento legal para reforzar su solicitud. Tampoco lo ha hecho Procasa, propietaria del inmueble y promotora del procedimiento.
Ahora que el contenido del decreto ha salido a la luz, la familia de Tamara podría tener una nueva oportunidad legal para frenar su desalojo. A tan solo una semana de la fecha fijada, el tiempo juega en su contra, pero la existencia de este marco legal refuerza su posición y abre una vía jurídica que no había sido explorada hasta el momento.